DOCUMENTOS TEÓRICOS: 2-ESCUELA DEMOCRÁTICA

5. LA EVALUACIÓN

CAPÍTULOS

            Mediante una buena utilización de las estrategias, técnicas e instrumentos disponibles, así como de un enfoque correcto y coherente con los demás principios que caracterizan a un curriculum democrático,  los procesos evaluativos pueden jugar un papel decisivo en la construcción de determinadas capacidades (análisis, síntesis y evaluación), valores (autocrítica, gusto por el trabajo bien hecho, autocontrol, etc.).

            Para lograr una perfecta integración de la evaluación en el desarrollo del curriculum es preciso pensarla desde los mismos presupuestos, por ello, y siguiendo el mismo criterio que en el apartado anterior, vamos a plantear los principios u orientaciones que deberían guiar la practica evaluadora en coherencia con las demás características de un curriculum democrático. Los principios básicos que deberían guiar una evaluación democrática podrían estructurarse en torno a los siguientes enunciados:

·      La evaluación debe centrarse en la mejora más que en el control

·      La evaluación debe estar más atenta a los procesos que a los productos

·      La evaluación debe ser lo más integral posible

·      La evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las situaciones individuales y  grupales, así como los contextos institucionales y socioculturales

·      La evaluación es un proceso en el que deben participar todos los implicados

       ¿Qué queremos decir con cada uno de ellos?

La evaluación debe ser lo más integral posible

            Este principio pone el énfasis en la necesidad de construir la evaluación en torno a una visión lo más integral posible de todos los aprendizajes que el alumnado haya de desarrollar. Debería evitarse una excesiva parcialización de esos aprendizajes y consecuentemente la construcción de la evaluación como sumatorio de lo que el alumnado haya aprendido.

            Todo ello exige que previamente el profesorado se plantee esa visión integral de los aprendizajes. Evidentemente, si se organiza el curriculum de forma integral, resultará más sencilla la construcción de esa visión global que se si organiza en demasiadas parcelas (áreas, materias, asignaturas, disciplinas, etc.). Esa exigencia tiene que ver con la necesidad de un trabajo más colaborativo entre el profesorado, de forma que se den las condiciones y oportunidades suficientes para facilitar esa construcción compartida de lo que el alumnado debe aprender y consensuar los criterios valorativos de ese aprendizaje.

            También tiene que ver con la sustitución de los elementos curriculares que habitualmente se utilizan para valorar el aprendizaje del alumnado. Es decir, si habitualmente el profesorado utiliza los contenidos de su área para hacerse una idea de lo que el alumnado tiene que aprender y, en consecuencia, valorar ese aprendizaje, quizás haya llegado el momento de sustituir esa visión, excesivamente parcial y atomizada, por otra más integral y práctica, por ejemplo los objetivos de la etapa, adaptados al nivel correspondiente, u otra versión integradora que el propio centro construya.

            La idea sería que frente a la yuxtaposición de las valoraciones (habitualmente calificaciones) de cada área para decidir la general, el proceso comenzara por consensuar la visión general y después cada área o segmento curricular equivalente se preguntara cómo puede contribuir a su construcción, de forma que a la hora de valorar tanto la enseñanza como el aprendizaje se volviera a tener en cuenta la visión general consensuada y no las visiones particulares.  

La evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las situaciones individuales y  grupales, así como los contextos institucionales y socioculturales.

            Este principio pone el énfasis en el modo en que se establecen los criterios para valorar los aprendizajes del alumnado. Dada la existencia de un curriculum común se infiere la necesidad de establecer unos criterios también comunes de evaluación establecidos por las administraciones correspondientes.

            Sin embargo, este hecho habría que matizarlo sin negar su utilidad e incluso su legitimidad. La idea de que la justicia se produce como consecuencia de tratar a todos de igual forma, que subyace a este planteamiento, choca frontalmente con nuestra concepción de un curriculum democrático, y con la de democracia en general. Más bien creemos que la única forma de actuar de forma justa para conseguir los mismos resultados de aprendizaje es tratar a cada alumno, grupo y centro de forma diferente, en función de sus características.

            Trasladada esta idea al proceso evaluador tendría como consecuencia la construcción de unos criterios lo más adaptados posible a esas características individuales, grupales y contextuales.  La utilización de criterios comunes para la evaluación, además de que ejerce un control externo sobre el curriculum que desarrollan los centros y presupone una  uniformidad en el modo de organizar, enseñar y evaluar dicho curriculum que ni es real ni deseable, puede provocar situaciones muy injustas sobre las que el alumnado no tiene ninguna responsabilidad ni control.

            ¿En todos los centros se enseña realmente lo mismo?. Si un profesor no es capaz de enseñar adecuadamente ciertos aspectos del curriculum que le corresponde desarrollar, ¿por qué el alumnado debe ser evaluado de esos mismos aspectos como si hubiera recibido una enseñanza correcta?. Si un centro reconstruye el curriculum básico, a través de su PCC, teniendo en cuenta su contexto sociocultural y económico, ¿debe mantener intactos los criterios comunes de evaluación? También es cierto que si no se ejerce un cierto control sobre los criterios de evaluación que se están utilizando en cada centro y aula, puede producirse una dispersión de tal magnitud que hiciera inútil la existencia de un curriculum básico.

            Por tanto, la idea sería que el mismo proceso de reconstrucción curricular que se admite para los objetivos, los contenidos y la metodología, se acepte también para la evaluación, previo compromiso de las comunidades educativas de que esa reelaboración ha de producir propuestas de igual calidad cultural.

La evaluación es un proceso en el que deben participar todos los implicados

            Este principio se refiere a quién debe participar en el proceso evaluador. Habitualmente el profesorado se reserva el control sobre la evaluación como consecuencia del papel hegemónico que juega en el resto de procesos curriculares. Si decide lo que se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña, por qué no va a decidir ahora cómo se evalúa y quién evalúa.

            Por todo lo dicho hasta ahora en este documento queda clara la necesidad de resituar el papel del profesorado en todos los procesos y decisiones curriculares. Pero en el caso de la evaluación quizás es especialmente relevante y urgente esta tarea porque lleva asociado un componente de control, poder y jerarquía que la aleja de cualquier planteamiento democrático. Es más, estamos convencidos de que en tanto no despoje a la evaluación de esos componentes es inadecuado, e incluso inmoral, hablar de un curriculum democrático.

            La construcción de una cultura democrática en la escuela pasa por la construcción de un clima de confianza entre el profesorado, entre el alumnado y entre ambos. Y ese clima no se puede desarrollar en tanto una de las partes tenga todo el poder y la otra ninguno. Si un sector del profesorado controla un centro de modo que los demás no participen de ese control, es imposible hablar de democracia entre el profesorado. Del mismo modo, si el profesorado sigue detentando la exclusiva del poder en los procesos evaluadores es imposible que el alumnado se sienta implicado con lo que se le pretende enseñar, aunque hayamos mejorado la organización del curriculum y la  metodología con que se enseña.

            Ello no tiene nada que ver con dejación de responsabilidades, ni con la promoción de una cultura del laissez-fair, ni con nada que se le parezca. Se refiere a la necesidad de construir participativamente las reglas, de distribuir las responsabilidades de común acuerdo, de exigir el cumplimiento de dichas responsabilidades con energía y rigor, etc.

            La participación del alumnado en su evaluación, la del curriculum o la del centro, significa un mayor compromiso e implicación, una mayor capacidad de autocrítica y autorreflexión y una mejor comprensión de lo que aprende y cómo lo aprende. Pero eso sólo es posible si estamos realmente convencidos de que la educación sirve para desarrollar integralmente a las personas a partir de sus capacidades, y no para seleccionarlas según las necesidades que dictan los grupos hegemónicos que controlan la sociedad y, especialmente, las del sistema de producción imperante.

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